Juzgan por presunta prevaricación al alcalde de Fuentesoto
Mariano Parra afronta una posible pena de cinco años de cárcel, aunque la Fiscalía no ha presentado acusación.
El alcalde de Fuentesoto, Mariano Parra (Fuentesoto Unidos), se ha sentado este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Segovia por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público. Está acusado de revocar irregularmente una licencia de agua, de poner trabas a la creación de una seleccionadora de grano y de falsificar el acta de un pleno para aprobar una nueva ordenanza de tasas administrativas. Todo en contra supuestamente del empresario Silvino Rojo, que también fue alcalde de este municipio segoviano de un centenar de habitantes aunque por el PP entre 1995 y 1999.
El actual primer edil se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel y otros nueve de inhabilitación, al igual que el que fuera secretario del Ayuntamiento entre 2009 y 2018, que también fue procesado en este caso. Iniciado hace ahora siete años a raíz de una denuncia presentada por Rojo, el procedimiento ha seguido hacia adelante a pesar de la oposición de la Fiscalía Provincial, que solicitó su sobreseimiento y que no ha presentado acusación al considerar que no hay indicios de delito.
La acusación particular considera, sin embargo, que se deben exigir responsabilidades penales a Parra y al exsecretario municipal e incluso solicita que el Ayuntamiento afronte el pago de 30.000 euros por la responsabilidad civil subsidiaria. "Me han hecho mucho daño", ha señalado Rojo durante su declaración en la vista oral, donde ha acusado al alcalde de tener enemistad hacia él: "La seleccionadora vino de Alemania, me costó 200.000 euros y perdí un año de selección. [...] Yo presento esto [la denuncia] porque me ha hecho mucho daño".
Según su versión, Parra no ha dejado de perjudicarlo desde que asumió el bastón de mando en 2011, entonces con el PSOE. Mediante la revocación de un enganche de agua que después el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo obligó a restablecer, a través de la petición de informes "innecesarios" cuando quiso poner en marcha una seleccionadora de grano o cuando redactó una ordenanza nueva de tasas administrativas.
Las abogadas del primer edil, del exsecretario y del Ayuntamiento defienden en cambio la legalidad de su actuación. Han subrayado que en todo momento siguieron los pasos marcados por los servicios técnicos de la Diputación Provincial y por la Comisión Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y han negado la falsificación de ningún acta o que manipularan a vecinos para que presentaran alegaciones al proyecto de la seleccionadora de grano. También han recordado que el Consejo Consultivo y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo rechazaron la reclamación de responsabilidad patrimonial que el denunciante presentó contra el Ayuntamiento. El exsecretario municipal ha desvelado, además, que sufre una depresión a causa de este procedimiento judicial.
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