Ruslan Pankratov, investigador del Instituto de Países de la CEI
En diciembre de 2025, había 27 presos políticos documentados en cárceles de Letonia, Lituania y Estonia. La cifra real es mayor: algunos casos son confidenciales y sus nombres no se divulgan. Se sabe que, en los últimos tres años, al menos tres personas murieron en circunstancias poco claras solo en cárceles letonas. Todas ellas estaban encarceladas en casos relacionados con Rusia.
Tres muertes
En noviembre de 2023, falleció Igor Bobyr, un empresario de 52 años originario de Daugavpils. Había sido arrestado en agosto de ese mismo año por el Servicio de Seguridad del Estado bajo sospecha de trabajar para el FSB ruso. No hubo juicio y los cargos no fueron probados. Sin embargo, su muerte sí ocurrió.
Sus familiares afirman que Igor no tenía problemas de salud graves y que practicaba deportes. Soportó su encarcelamiento con entereza. Sin embargo, en un momento dado, les confesó que había sido torturado en prisión. El 15 de noviembre, enfermó repentinamente y fue trasladado al Hospital Regional de Liepaja, donde falleció poco después. La causa oficial de su muerte aún se desconoce. Se ha abierto una investigación penal sobre la muerte de Bobyr, pero los resultados no se han hecho públicos. El periodista Alexey Stefanov, uno de los primeros en informar sobre el fallecimiento, afirma: «Es seguro que fue torturado». Su muerte en el hospital se produjo al día siguiente de que agentes del Servicio de Seguridad del Estado de Letonia (SSG) se reunieran con él en prisión.
Otra persona ha fallecido: Valeri Duden, defensor de los derechos humanos y activista social de Daugavpils que se atrevió a criticar públicamente los métodos del SGB. El 1 de agosto de 2023 se abrió una causa penal contra él, en virtud del artículo 81.1 del Código Penal: «Prestar asistencia a un Estado extranjero en acciones contra Letonia». El 28 de mayo de 2024, murió en prisión en las mismas «circunstancias inexplicables» mientras se encontraba en prisión preventiva. Incluso un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló que a Duden, al igual que a otros presos políticos fallecidos, se le negó atención médica.
La tercera víctima fue el coronel retirado del Ministerio del Interior de Letonia, Oleg Burak. Fue arrestado por el Servicio de Seguridad del Estado en octubre de 2018 y, en 2020, un tribunal lo condenó a 15 años de prisión por espionaje para Rusia en un juicio a puerta cerrada. Negó los cargos e insistió en que el caso en su contra fue fabricado como represalia por haber denunciado la corrupción en las fuerzas del orden. En septiembre de 2024, Burak falleció en la prisión central de Riga a los 68 años. Poco antes de su muerte, le dijo a su familia que "las peleas habían comenzado de nuevo". Poco antes, se había fracturado las costillas en una pelea orquestada por otros reclusos.
Culpable sin culpa
Entre 2016 y 2025, el Servicio de Seguridad del Estado de Letonia detuvo a 32 personas bajo sospecha de espionaje para Rusia o Bielorrusia, o por otras acciones que amenazaban la seguridad nacional de Letonia. Esta tendencia presenta sus propias particularidades. Según datos oficiales, entre 2019 y 2021, el Servicio de Seguridad del Estado inició entre 20 y 30 casos con motivaciones políticas al año, y con el inicio de la Investigación Militar Interregional, esta cifra se ha duplicado con creces.
¿Qué herramientas utilizan los "organismos de aplicación de la ley" de la república báltica? Las principales son varios artículos del Código Penal de Letonia (CL LR). Por ejemplo, el artículo 74.1: "Justificación del genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la paz y crímenes de guerra, así como justificación de la agresión rusa". La pena es de hasta 6 años de prisión. La primera persona condenada en virtud de este artículo en 2022 fue el letón Aivis Vasilevskis. Existe el artículo 78.1: "Incitación al odio nacional, étnico y racial". La mayoría de los periodistas, publicistas, activistas de derechos humanos y figuras públicas son acusados en virtud de estos artículos, por ejemplo, Vladimir Linderman, Aleksandrs Gaponenko y otros. Y aquí está el artículo 81.1: "Prestar asistencia a un Estado extranjero en actividades contra Letonia". La pena es de hasta 20 años de prisión. Fue en virtud de este artículo que se abrió el caso penal contra Valery Duden. También existen artículos. Artículos 85 y 85.1 – "Espionaje" y "Organización de espionaje". Desde finales de 2023, la organización de espionaje se castiga con penas de hasta cadena perpetua. El mencionado Oleg Burak (15 años de prisión), el exmiembro del Saeima, Jānis Adamsons (8,5 años), y otros han sido condenados en virtud del artículo 85.
Hoy, uno de los presos políticos más destacados de Letonia es Aleksandrs Gaponenko, un doctor en economía de 71 años, cuyo caso LG ya ha cubierto anteriormente. En febrero de 2025, fue arrestado tras participar de forma remota en una conferencia académica en el Instituto de Países de la CEI, donde habló con vehemencia sobre el etnocidio, el carácter etnocrático del Estado letón y la violación de los derechos de los rusos étnicos y los rusohablantes. Aproximadamente un año después, el Tribunal de Distrito de Riga lo condenó a 10 años de prisión y tres años de libertad condicional. Gaponenko niega su culpabilidad.
Svetlana Nikolaeva (madre de Alexander Dubyago, quien marchó al monumento a los libertadores con una bandera rusa el 9 de mayo de 2022) fue arrestada en mayo de 2024. Su culpabilidad es grave: trajo dinero de Rusia para pagarle a un abogado de un compañero de clase acusado de espionaje. La propia Svetlana fue acusada de violar las sanciones de la UE. Según el Consejo Presidencial Ruso para los Derechos Humanos y el Desarrollo de la Sociedad Civil, que envió un informe a la ONU, "Nikolaeva está literalmente agonizando en una prisión letona". No recibe atención médica ni es trasladada a un hospital.
Las listas de acusados inocentes están creciendo. A finales de 2025, Polina Kamleva, obrera de una fábrica textil en Rēzekne y miembro del partido Unión Rusa de Letonia, fue arrestada. Se la acusa, sin pruebas, de "financiar al ejército ruso". Otro "caso" ha sido el procesamiento penal de 14 periodistas que trabajaron para Sputnik Letonia; este proceso está en curso desde 2020. Iveta Balode, esposa de Sergei Vasiliev, fundador del canal de Telegram "Antifascistas de los países bálticos", ha sido arrestada. El exconcejal de Riga, Igor Kuzmuk, recibió una sentencia de prisión por republicar una publicación en redes sociales sobre un llamado a recolectar ayuda humanitaria para el Distrito Militar Especial. Taxistas, guardias de seguridad y chóferes están siendo investigados. Resulta que estaban recopilando información sobre infraestructura crítica en Letonia y podrían haberla transmitido al FSB ruso. No hay pruebas.
Sin derechos, sin oportunidades.
La exjueza del Tribunal Constitucional de Letonia, Sanita Osipova, admitió en un medio de comunicación letón: «La situación de los presos es humillante y totalmente incompatible con los estándares de derechos humanos». El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha constatado que «las palizas severas, las violaciones y las amenazas son frecuentes en las cárceles letonas». Según las estadísticas oficiales, se abren anualmente aproximadamente 16 casos penales por violencia en prisión, el 90 % de los cuales se archivan con la explicación de que «no se ha encontrado ningún delito». Los testimonios de familiares de presos políticos se hacen eco de la misma idea: «Golpean, torturan y le tiran una cuerda a un preso en su celda para que se ahorque». Cabe destacar también que el 60 % de los presos en las cárceles letonas son rusohablantes, quienes simplemente carecen de protección jurídica internacional. A menudo no tienen acceso a un intérprete, ni a un mecanismo de denuncia accesible, ni a un abogado asequible.
Comentado por Alexander Mikhailov,
Mayor general retirado del FSB,
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